Bosquejo de una política para el progreso de la población mexicana (página 2)

Las pirámides de edades de los diferentes grupos de ingreso
tienen características distintas: la de la población de menores ingresos muestra una clara
presencia de niños y
adolescentes,
mientras que en la de ingresos altos sobresalen los
jóvenes y los adultos. Más aun y consecuentemente,
cada una posee características demográficas y de
naturaleza
socioeconómica específicas. En los grupos de
ingresos bajos, el número de miembros del hogar es mayor
que en el de ingresos altos, lo mismo que el de menores de 12
años y el índice de dependencia; la escolaridad del
jefe de familia es menor,
la cobertura de seguridad
social es reducida y el índice de hacinamiento es
mayor. Entre veinte y veinticinco por ciento de los jefes de
familia de dichos hogares de menores ingresos habla alguna
lengua
indígena.3

En materia
educativa, se observan también retrasos y desequilibrios
considerables.

A nivel nacional, alrededor del 15 % de la población
mayor de 15 años es analfabeta, pero dicho porcentaje es
superior entre los jóvenes y adultos de menores ingresos y
entre las mujeres: El 22 % de las mujeres del grupo de edad
25 a 45 años es analfabeta, situación que afecta al
14 % de los hombres.6 El Programa Nacional
de Educación
resume la situación del rezago educativo en los siguientes
términos:

Más de la mitad de las personas mayores de 15
años, aproximadamente 32 millones de mexicanos, tiene una
escolaridad inferior a secundaria completa, a pesar de su
obligatoriedad. Hay más de 44 millones mayores de 15
años que no concluyeron la educación media
superior. Alrededor de un millón de niños entre 6 y
14, en su mayoría indígenas, de comunidades
dispersas, hijos de jornaleros agrícolas, en
situación de calle y discapacitados, no asisten a la
primaria. Las tasas de repetición y deserción en
secundaria son de 20.4% y 7.9%, respectivamente; sólo 47%
de los jóvenes del grupo de edad de 16 a 18 años
cursa la educación media superior; y 20% de los
jóvenes entre 19 y 23 años asiste a una escuela de
licenciatura.4

Las diferencias regionales son igualmente marcadas. El grado
promedio de escolaridad de la población mayor de 15
años fue, en 2001, de 9.74 años en el Distrito
Federal y de 9.03 en Nuevo León, mientras que en Chiapas y
Oaxaca alcanzó, respectivamente, 5.71 y 5.96. Asimismo,
mientras que 3% del grupo de edad de 19 a 23 años que
habita en sectores rurales pobres y 11% del que habita en
áreas urbanas pobres ingresa en el nivel superior, 45% de
los jóvenes de las zonas urbanas de ingresos medios y altos
se inscribe en dicho nivel. La oferta
educativa de postgrado muestra un panorama semejante: el Distrito
Federal, Jalisco, Puebla y México
absorben más de 61% de la matrícula total y
más de la mitad de los estudiantes de postgrado cursan sus
estudios en la capital del
país.4

La cobertura de la seguridad social
muestra también el rostro de la desigualdad: casi dos
tercios de los hogares del país tienen acceso a servicios de
seguridad, pero sólo el 24% de la población rural
recibe ese beneficio.6 El citado estudio del
Banco Mundial
5 resume esa situación en estos
términos:

Expenditure on programs specifically targeted to the poor now
represents 1.3% of GDP compared to 0.7 % in 1990. Programs
involving transfers to the poor, led by OPORTUNIDADES since it
was created, grew by an average of 8.4% per year during the 90"s,
and by even more -9.8% per year- after 2000. However, the most
striking pattern is the rapid pace of growth of social security
spending -of 35.2% per year since 1990- that is not targeted to
the poor.

Y adelante, agrega:

On average, public spending appears to be much more equal than
incomes, and at the margin, is becoming more equal and pro-poor,
but there remain large areas of spending with very unequal
incidence, and some with rising inequalities in incidence, for
example ISSSTE pensions, tertiary education and IMSS benefits
for active workers.

La mortalidad y la desnutrición son también
significativamente mayores entre la población rural y
urbana de bajos ingresos que la observada en la población
de ingresos medios y altos. La mortalidad infantil estimada es
25% mayor en la población del primer grupo que la
registrada en el segundo, lo mismo que la desnutrición
moderada y severa, la cual alcanza en aquélla al 30% de
los niños menores de 5 años, cifra substancialmente
menor que la del 5% observado en las familias de ingresos altos y
aun de ingreso intermedio.6

La esperanza de vida muestra las diferencias que existen en
materia de morbilidad y mortalidad entre las regiones y entidades
federativas. Si bien es cierto que a nivel nacional dicho
indicador es de 75 años, no debe ignorarse que en los
estados de mayor desarrollo
(Baja California, Distrito Federal y Nuevo León), alcanza
77 años, mientras que en los de menor desarrollo (Chiapas,
Oaxaca y Guerrero) la cifra es de 73.7

La Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) han
realizado importantes trabajos de investigación sobre la pobreza en
México; la primera, además, tiene a su cargo
significativos programas
conducentes a la reducción de dicho estado de
cosas.

SEDESOL adoptó una metodología que agrupa a la
población por nivel de
ingreso.[i] El primer nivel,
denominado Umbral de pobreza
alimentaria, concentra a los hogares cuyos ingresos son
inferiores para satisfacer sus necesidades de alimentación. Dicho
nivel de ingresos se sitúa en 15.4 y 20.9 pesos diarios
del año 2000 por persona,
respectivamente, en el medio rural y urbano. En dicho año,
más de 24 millones de mexicanos disponían de un
ingreso menor a dichas cifras. El segundo nivel, Umbral de
desarrollo de capacidades, comprendía a los hogares
con ingresos menores a los requeridos para satisfacer las
necesidades de alimentación, salud y educación.
Los montos de ingreso fueron estimados en 18.9 y 24.7 pesos per
cápita, respectivamente, para áreas rurales y
urbanas. En el año de referencia, 32% de la
población nacional se encontraba debajo de ese umbral
mínimo. El nivel siguiente se denomina Umbral de
desarrollo del patrimonio
y agrupa a los hogares que no obtienen ingresos suficientes para
atender sus requerimientos mínimos de alimentación,
salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte. El
nivel de ingreso diario fue establecido en 28.1 pesos para el
medio rural y en 41.8 para el urbano. 45.9 % de los hogares
mexicanos se hallaban por debajo de esas cotas al finalizar el
siglo XX. Dichas cifras, sin embargo, al ser promedios
nacionales, esconden las profundas desigualdades existentes entre
el campo y la ciudad: 34.1 % de los hogares rurales se hallaban
en situación de pobreza alimentaria, contra 9.8 de los
hogares urbanos; en el umbral de pobreza de capacidades las
cifras eran, respectivamente, 41.4 y 16.2, y en situación
de pobreza de patrimonio, 60.7 y 45.9 8
3

El CONAPO, por su parte, a partir de indicadores
puntuales del tipo de los mencionados anteriormente, ha elaborado
dos indicadores compuestos de alto valor
expositivo: Índice de desarrollo
humano e Índice de
marginación.[ii]

El índice de desarrollo humano combina tres
indicadores: la longevidad, medida a través de la
esperanza de vida; el logro educacional, que sintetiza el grado
de alfabetización y la matrícula combinada en
educación básica, media y superior, y el nivel de
vida, estimado a través del ingreso per cápita,
expresado en unidades de paridad de poder
adquisitivo en dólares americanos. Cada uno de estos
componentes recibe una ponderación tal que el valor
máximo del índice es
1.[iii] El grado de desarrollo
humano alcanzado por un país o región se determina
por la cercanía de su indicador a ese parámetro
ideal.

En el año 2000, al registrar un índice de casi
0.800, México ocupó el lugar 51 en el concierto
mundial; formó entre los países de desarrollo
humano medio. Sin embargo, dicho valor no permite apreciar las
profundas diferencias que existen entre los estados de la
república: 18 entidades registraron valores que
las situaron en la categoría de desarrollo medio alto
(entre 0.600 y 0.799) y 14 registraron un nivel alto (igual o
mayor que 0.800). De tales desigualdades hablan las cifras
alcanzadas por el Distrito Federal (0.871, similar al alcanzado
por Portugal y Eslovenia, países ubicados,
respectivamente, en los lugares 28 y 29 de la
clasificación mundial) y Chiapas, cuyo índice de
0.693 lo situó al nivel de Argelia y Vietnam, que ocuparon
los lugares 100 y 101. 9

Por su parte, el índice de marginación
diferencia las unidades geopolíticas de acuerdo con el
impacto global de las privaciones e insuficiencias que
experimenta la población. El indicador combina 9
índices simples, a saber, analfabetismo,
población de 15 años y más sin
educación primaria completa, población que habita,
respectivamente, en viviendas sin servicio
sanitario exclusivo, sin energía
eléctrica, sin agua entubada,
con algún nivel de hacinamiento, con piso de tierra,
población ocupada con ingresos de hasta dos salarios
mínimos y población que vive en localidades de
menos de 5 mil habitantes.[iv]
Todas estas formas de exclusión son expresadas en
porcentajes, con base en información proporcionada por el XII Censo
General de Población y Vivienda, 2000.

Los estados con los más bajos índices de
marginación son los de mayor desarrollo relativo: Distrito
Federal (-1.52944), Nuevo León (-1.39258) y Baja
California (-1.26849), mientras que los que registraron los
más altos índices de marginación fueron las
entidades pobres del Sureste: Chiapas (2.25073), Guerrero
(2.11781) y Oaxaca (2.07869). El intervalo de variación
entre el Distrito Federal y Chiapas (3.7701) muestra el
tamaño de la desigualdad y la magnitud del esfuerzo que
esta entidad debería realizar para alcanzar la
situación del
primero.[v]

El tamaño de la desigualdad puede advertirse con
más claridad y precisión cuando se observan
comparativamente los valores de
los indicadores específicos que se sintetizan en el
índice de marginación.1

El porcentaje de analfabetismo es 10 veces mayor en Chiapas
que en el Distrito Federal; el de la población sin
primaria completa, 4 veces mayor; el de ocupantes de viviendas
sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, 40 veces; el de
ocupantes de viviendas sin energía eléctrica, 70
veces; 17 veces en el caso de viviendas sin agua entubada, 1.8 en
el caso de viviendas con algún nivel de hacinamiento, 30.5
veces en viviendas con piso de tierra, 191 veces en el rubro de
porcentaje de población que vive en comunidades de menos
de 5 mil habitantes y 1.8 veces mayor en el porcentaje de
población que recibe ingresos de hasta dos salarios
mínimos.

Estos datos constituyen
evidencia palpable de las profundas diferencias que muestra el
mapa del desarrollo y el bienestar de la población
mexicana.

El escenario descrito en las páginas anteriores no es
inocuo. Es inaceptable por diferentes y válidas razones.
Por principio, constituye una expresión de la injusticia
social que priva en un país cuya constitución política y los
gobiernos surgidos a su amparo han
preconizado la igualdad de
oportunidades para todos los mexicanos, sin más
razón que la de ser miembros de esta nación.
Constituye por esto último y para decirlo en
términos suaves, una muestra de insuficiente pericia en el
diseño
de políticas
y programas de gobierno eficaces
y de incapacidad para concertar las fuerzas sociales y los
recursos de la
nación
en beneficio de las grandes masas de la población.

En México ha habido crecimiento
económico; no puede negarse. Más aún: ha
habido desarrollo. Pero éste ha sido excluyente. Ha
marginado a millones de compatriotas del disfrute de los
satisfactores mínimos para vivir una vida digna. Se les ha
hurtado el acceso a la educación suficiente y de buena
calidad, a los
servicios médicos completos, oportunos y de buena calidad,
a la seguridad social, a la alimentación sana y
balanceada, y a la vivienda confortable y los servicios que la
hacen habitable, como el agua potable,
los servicios sanitarios y la energía
eléctrica.

Nadie que carezca de dichos satisfactores puede convertirse en
agente de su propio desarrollo, mucho menos del de su hogar, su
comunidad o su
país. Se le priva de los instrumentos indispensables para
ello. Una alimentación deficiente merma el desarrollo
físico y la capacidad para el trabajo.
Los niños que, en virtud de las carencias del hogar, no
disponen de los bienes y
servicios indispensables para su desarrollo son, generalmente,
estudiantes de bajo rendimiento escolar. A dicha situación
se suma el eventual abandono de la escuela cuando deben
contribuir con su trabajo al
ingreso familiar.

Una mujer mal
alimentada difícilmente podría alumbrar
niños sanos y robustos, resistentes a las enfermedades, porque
éstos, ya desde el vientre materno, cargan con
deficiencias congénitas que lastrarán los esfuerzos
que realicen para desarrollar su cuerpo y su capacidad
intelectual. Dicho estado de cosas se ve agravado cuando la madre
no produce leche
suficiente y de buena calidad para alimentarlos. 

La carencia de escuelas suficientes y de buena calidad
actúa contra las posibilidades de desarrollar las competencias
indispensables para el perfeccionamiento humano y para el
desempeño de una ocupación
remunerada que genere los necesarios ingresos para satisfacer las
necesidades básicas. Sin educación adecuada es casi
imposible adquirir las tecnologías productivas que
demanda la
economía moderna. Educación
adecuada, hay que precisarlo, significa que el servicio exista,
se preste con regularidad y que sea de calidad satisfactoria. De
poco ayuda que el plantel esté, pero que los maestros se
ausenten con frecuencia, o que asistan con regularidad, pero que
no dispongan de los materiales
escolares que hacen del aprendizaje una
aventura atractiva y exitosa.

Las consecuencias de la marginación que se comentan
trascienden la esfera de lo individual y de lo familiar y se
proyectan a la esfera de la cosa pública. La pobreza,
cuando conlleva ignorancia, sobre todo de los derechos que las leyes consagran
para el individuo, y
reduce la existencia cotidiana a la búsqueda de la mera
subsistencia, limita, a veces drásticamente, el interés y
la capacidad para participar, con conocimiento y
empatía, en las cosas de la vida pública. En esas
circunstancias, las decisiones que atañen a todos son
tomadas por unos pocos, precisamente por los que han tenido
acceso a los bienes y servicios que a los pobres les han sido
negados.

En suma: la pobreza actúa contra la democracia. Es
en el seno de las regiones atrasadas del país donde se
viven y prosperan las manifestaciones más
características del subdesarrollo
político, como el caciquismo y el autoritarismo, la
violación del estado de derecho
y la impunidad. Y
también donde la intolerancia, en sus diversas formas,
sienta sus reales. Acteal, en el estado de
Chiapas, y Aguas Blancas, en el de Guerrero, dan cuenta de
ello.[vi]

La pobreza es también fuente de frustraciones. El
individuo pobre y marginado se siente desencantado,
desilusionado, porque la sociedad a la
que pertenece le niega un lugar en su seno y el disfrute de los
bienes y servicios que aquélla genera y posee. Tal
decepción aísla a la persona, la desmotiva para la
solidaridad
social y, no pocas veces, constituye caldo de cultivo para la
adopción
de conductas delictivas. 10

La pobreza y la marginación, que han sido una constante
de México a lo largo de su vida independiente, perviven en
nuestros días extensa y profundamente. Y lo más
grave es que se reproducen a sí mismas. Como hidras de
tentáculos múltiples y poderosos, atrapan al
individuo y le impiden desarrollar las capacidades indispensables
para conseguir su perfeccionamiento pleno; es decir, lo limitan
en su derecho de cultivar las potencialidades personales y de
aprovechar los recursos de que la sociedad dispone para vivir una
vida digna. En otras palabras, para lograr un desarrollo humano
amplio y gratificante.

En razón de lo expuesto, puede afirmarse que una de las
tareas inaplazables de México es diseñar y
desarrollar políticas y programas que, en el corto plazo,
mejoren substancialmente los niveles de vida de los millones de
mexicanos que se debaten en la pobreza y la marginación,
y, en un horizonte más lejano, los habiliten para
alcanzar, mediante su esfuerzo, un desarrollo humano pleno. En
las páginas que siguen se describen los elementos de una
estrategia de
desarrollo político, económico y social que
coadyuvaría a lograr tal propósito.

2. Los grandes
parámetros del desarrollo futuro de
México

Sin duda, el desarrollo futuro de nuestro país
será modelado por la acción
simultánea de un sinnúmero de factores, internos
algunos, externos los demás. De la forma como se
articulen, y de la manera como se les aproveche, dependerá
cómo será México en los próximos
años. Es posible agrupar los parámetros
determinantes de tal proceso en
tres grandes conceptos, a saber, a) La
globalización de la economía y de las
relaciones entre los países, b) la demografía mexicana y c) las fortalezas y
debilidades del tejido político, social, cultural y
político de nuestro país.

2.1 La globalización.

Tal como la conocemos, la globalización es un
fenómeno reciente. Se la define como una creciente e
ininterrumpida interconexión entre las economías
nacionales que toma cuerpo en flujos amplios e intensos de
personas, servicios, capitales, materias primas y productos
industriales.11 12 A pesar de que,
o quizá por eso, ha modelado profundamente el sistema de
relaciones entre los países, se la juzga con criterios
contrapuestos e irreconciliables, desde los que le atribuyen el
despegue y florecimiento del comercio
mundial y el incremento de los niveles de vida de los pueblos
hasta los que la hacen responsables de la pobreza y
marginación en que viven millones de personas en todos los
países del mundo, incluidos los desarrollados. Lo cierto
es que las dos posiciones tienen razón. La
globalización ha beneficiado a muchos, como ha perjudicado
a muchos también.

La explicación de que algunos formen entre los
beneficiados y otros entre los excluidos debe ser buscada en la
forma como cada país y grupos de personas dentro de una
nación han sorteado las dificultades que tal proceso
presenta a quienes se aventuran en sus aguas.

Hay dos formas de incorporarse con éxito
al mundo del comercio
internacional: utilizando tecnologías de punta o bien
tecnologías intensivas en mano de obra barata. Las
primeras se sustentan en conocimiento nuevo. Son las propias de
las economías avanzadas, cuyos trabajadores están
altamente capacitados y son muy productivos, lo que les procura
sueldos altos, de los más altos del mundo. Estados Unidos,
Japón y
algunos países europeos dominan este mecanismo de
inserción en los circuitos
comerciales mundiales. La habilidad de su fuerza de
trabajo y la eficiencia de sus
instituciones
los hacen altamente competitivos.

Otras naciones han logrado competitividad
utilizando tecnologías ampliamente difundidas y de
fácil obtención; obsoletas, podría decirse,
sin gran margen de error. Pero han superado la desventaja que tal
hecho supone por el camino de los bajos salarios. Logran
competitividad produciendo, a costos bajos,
artículos industriales de vasta demanda mundial. Forman
aquí China e
India, cuya
mano de obra barata los hace imbatibles en la producción de bienes que requieren tareas
rutinarias.

Son ambos tipos de países los que se han beneficiado
mayormente de los nichos de oportunidad que ofrece la
globalización.

Si cabe hablar de perdedores, hay que buscarlos entre los
países de medianos ingresos y entre las clases medias de
las naciones desarrolladas. Garret13 lo expresa en
estos términos:

Los países más opulentos del mundo se han vuelto
más ricos en las últimas décadas debido a
los espectaculares adelantos en la tecnología, y la tasa
de avance económico se ha hecho aún más
rápida en las dinamos industriales entre los países
más pobres del mundo. Prensados entre estas dos historias
de éxito, los países de en medio apenas pueden
seguir caminando.

Ahí reside la dificultad de los países de
ingresos medios, como México, para encontrar un nicho
redituable en los mercados
internacionales. Carentes de tecnologías de alta productividad,
desprovistos de mano de obra de elevada calificación e
imposibilitados para reducir los salarios de sus obreros a los
niveles observados en países pobres, ven con impotencia y
desesperación que los jugosos beneficios anunciados por
los panegiristas de la globalización toman cuerpo en
resultados magros o se vuelven inalcanzables.

Garrett13 se pregunta:

¿Por qué la globalización ha sido
decepcionante para los países de en medio? La respuesta
parece ser que no han encontrado un nicho en los mercados
mundiales: han sido incapaces de competir con mercados con alto
valor agregado y dominados por economías acaudaladas,
porque sus fuerzas de trabajo no tienen las destrezas requeridas
y sus sistemas legales
y bancarios no son lo suficientemente avanzados. En consecuencia,
no tienen otra opción que tratar de competir con China y
otras economías de bajo ingreso en los mercados, por
productos estandarizados hechos con tecnologías de
fácil acceso y relativamente viejas. Pero, debido a los
mayores salarios, las naciones de ingresos medios están
condenadas a perder la batalla.

Sin embargo, hay muchos otros factores que se conjugan con
aquéllos para explicar la incapacidad de los países
de ingresos medios para encontrar un nicho económico
propio. Entre ellos: la incapacidad de los gobiernos, la corrupción imperante, en especial la
vinculada con el crimen organizado, la escasez de
empresarios de gran visión,14 deficientes
sistemas de transporte y comunicación, complicados mecanismos
burocráticos para abrir empresas y
comerciar con el exterior, cerramiento de las fronteras de los
socios comerciales, la inseguridad,
la ingobernabilidad y la convulsión social y
política.15

México cuenta con muchas ventajas para incursionar con
éxito en los circuitos comerciales mundiales. Su vecindad
con el mercado
norteamericano; el tratado comercial con ese país y con
Canadá; un sistema
educativo completo, razonablemente integrado y de cobertura
nacional; experiencia en el comercio exterior; recursos
naturales estratégicos, como el
petróleo; paz social; mecanismos para la negociación política interna de las
diferencias propias de un país complejo como éste y
un creciente sentimiento de que debe hacerse un esfuerzo amplio y
concertado con el exterior, especialmente con Estados Unidos de
América, para llevar al país a
nuevos y superiores niveles de desarrollo.16
[vii] Sin embargo, y a pesar de
esto, es posible que algunos de los factores que explican la
insatisfactoria incorporación de México en los
mercados mundiales se encuentren en la lista mencionada en el
párrafo
anterior.

Como en otras partes del mundo, las percepciones en
México sobre el significado de la globalización
muestran matices diversos, no pocas veces contrapuestos.
Salinas,17 por ejemplo, afirma lo siguiente:

Tienen razón los críticos de la
globalización que promueven los fundamentalistas del
mercado: sus excesos esconden privilegios para unos cuantos. La
globalización es inevitable, pero no sus perversiones.
Además, sus aspectos importantes son indispensables, como
la apertura de mercados o la disponibilidad de recursos
financieros. La solución no está en la vuelta al
pasado populista, sino en una globalización que regule el
mercado y fortalezca a la sociedad civil
organizada.

Y al analizar los resultados de TLCAN, afirma
que, con su implementación, México se
benefició de diversas maneras, como las siguientes:
aumentó el comercio exterior
no sólo con sus socios del tratado sino también con
otras economías tanto desarrolladas como en vías de
desarrollo, mejoró la competitividad de la planta
productiva nacional, estimuló significativamente la
inversión
extranjera directa, vigorizó la
sindicalización, sobre todo en el sector industrial,
promovió el desarrollo regional, estimuló la
creación de pequeñas y medianas empresas y
fortaleció los conductos institucionales de
negociación con Estado Unidos. A su juicio,
potenció, especialmente, el intercambio comercial con este
país. En sus palabras:

Sólo en términos de comercio, las cifras y el
tipo de productos que cruzan las fronteras silenciaron a los
críticos y sorprendieron a los partidarios. En 1993, el
último año sin TLCAN, el comercio exterior de
México (exportaciones
más importaciones)
ascendía a 88000 millones de dólares. En 2002
llegó a casi 350000 millones de dólares. Mientras
en 1993 el comercio exterior de México representaba 22%
del PIB, en 2003
llegó a 53%. Ello porque, con la entrada en vigor del
TLCAN, el comercio entre México y Estados Unidos casi se
triplicó y con Canadá más que se
duplicó. Dos años después de iniciado el
tratado, las ventas al
exterior de México ya duplicaban a las de Brasil. Poco
después, México había superado a
Japón como el segundo mercado de exportación hacia Estados Unidos y ahora
representa 11.5% de todas las importaciones estadounidenses.
Antes del TLCAN, México mantenía un déficit
comercial con Estados Unidos; a partir del tratado ha obtenido un
saldo comercial a su favor, y en 2002 el superávit fue
superior a 40000 millones de dólares. También se
dieron cambios en la estructura del
comercio exterior de México: dejó de estar dominado
por el petróleo. Antes del TLCAN, el hidrocarburo
representaba la cuarta parte de las exportaciones. Ahora
representa menos de la décima parte del total, pues se
exportan equipos de alta tecnología así como bienes
de consumo en
forma masiva; entre ellos, 25 millones de televisores y
más de un millón de automóviles, lo que nos
ha convertido en el sexto productor mundial de
automóviles.

Una diferencia con respecto de esta percepción, al menos por lo que hace al
supuesto desarrollo regional, se observa en el citado documento
de Aspe16 sobre la construcción de una comunidad de
América del Norte: 

El desarrollo de México no ha logrado evitar
profundas disparidades entre diferentes regiones del país,
en particular entre zonas remotas y las que están mejor
conectadas con mercados internacionales. Los estados del norte
han crecido a un ritmo 10 veces mayor que los del centro y el sur
del país. La falta de oportunidades económicas
alienta la inmigración no autorizada y se ha
descubierto que está vinculada con la corrupción, el narcotráfico, la violencia y el
sufrimiento humano. Las mejoras en capital humano e
infraestructura física en
México, en particular en el centro y el sur del
país, ligarían más estrechamente a esas
regiones con la economía de América del Norte y son
del interés de las economías y la seguridad
trinacionales.

Hargrove,18 si bien reconoce que el comercio
entre los tres países se extendió notablemente bajo
el paraguas del Tratado, más significativamente para
Canadá y México, niega en cambio que
dicho instrumento haya tenido efectos espectaculares sobre el
empleo y el
crecimiento económico de ninguno de los socios
contratantes. Ninguno, a su entender, ha tenido un crecimiento
más importante que el observado antes del tratado, ni, por
lo que hace a México, ha sido mayor que el registrado por
otros países de América
Latina. Respecto del empleo orientado a las exportaciones,
afirma que, a finales de los noventa, creció pero en la
zona fronteriza, donde se asientan las maquiladoras,
además de que fue de escasa importancia relativa dado el
tamaño de la masa laboral del
país. Más aún, en 2001, ante la
reducción de las exportaciones a Estados Unidos y la
emigración de los gastos de
inversión de las empresas multinacionales a
China y otros países asiáticos, el empleo creado
por la producción para la exportación empezó
a declinar. Este párrafo resume su posición:

Para México, la desaceleración en las ventas
al mercado estadounidense, y el observable crecimiento de China y
otras zonas de bajísimos costos para la inversión
extranjera, han sacado a la luz los límites de
la estrategia de desarrollo continentalista y dirigida por las
exportaciones. Los beneficios a cuentagotas de la
inversión extranjera hacia el interior, atraídos
por un clima de
inversión estable y de bajo costo de la mano
de obra, nunca fueron generalizados en México, y hoy el
dinamismo básico del modelo
orientado a las exportaciones comienza a flaquear. Ello
incrementará la presión
dentro de México para considerar estrategias de
desarrollo más amplias, diversificadas y de mayores
beneficios sociales respecto a la manufactura
orientada a las exportaciones y más dependientes de la
mano de obra. En Canadá, por su parte, tanto la aguda
contracción de las industrias
tradicionales de valor agregado (como la automovilística y
la aeroespacial), y el más notable colapso de las
industrias de alta tecnología tras la liquidación
de las empresas ciberelectrónicas, pusieron de relieve la
incapacidad del libre comercio continental de encarar la
tradicional incapacidad estructural de Canadá.

Prestowitz19se expresa en términos
similares. Después de afirmar que, en varios sentidos, el
TLCAN cumplió las expectativas que había
despertado, asevera lo siguiente:

…un análisis crudo de la situación
actual indica que la globalización no sirve a los
intereses mexicanos y que México está perdiendo
terreno en las apuestas económicas globales y que su
democracia parece empantanarse cada vez más.

Para Andere,20el crecimiento del comercio
exterior y de la inversión extranjera, impulsados por las
apertura comercial, no son sostenibles en el largo plazo, a
juzgar por lo que, en los años recientes, indican los
datos sobre dichas variables.
México, en su opinión, ha sufrido grandes
desaceleraciones en ambos renglones, a pesar de la apertura
comercial y los tratados en la
materia signados con varios países, lo que lo lleva a
afirmar que, además de tales medidas, se requiere del
concurso de otros factores, destacadamente el
conocimiento, el que asimila con acervo de capital humano,
científico y tecnológico. Escribe:

Por muy desarrollados que estén los regímenes
de comercio e inversión internacionales, las condiciones
de su estabilidad o avance dependen muchísimo de
consideraciones internas, como el grado de preparación
académica de su población. El éxito de
México en los noventa no se repetirá, a menos que
las condiciones del actual nivel educativo de los mexicanos
cambien radicalmente.

El incumplimiento de las expectativas del libre comercio
está haciendo surgir sentimientos contrarios a la
globalización. La recesión en los países
desarrollados ha provocado actitudes
proteccionistas y en algunos países del Sur se escuchan
voces
teñidas de populismo.17 Sin embargo, aun
cuando fuera posible desandar el camino recorrido, para algunos
es poco probable que la vuelta al proteccionismo pudiera
conllevar algún beneficio.13

El ya citado estudio de National Intelligence
Council11 sostiene que la globalización
será, al menos hasta el año 2020, una fuerza tan
ubicua y determinante que modelará substancialmente el
carácter del mundo. Entre los rasgos
dominantes de dicho proceso en los próximos quince
años figuran los siguientes: la globalización es
irreversible, aunque lucirá menos occidentalizada; la
economía será substancialmente más grande
que ahora; el número de compañías
transnacionales aumentará con la inclusión de
algunas grandes empresas de países emergentes;
aumentará la importancia en la economía mundial
tanto de algunos países asiáticos como de otros de
carácter intermedio, y Estados Unidos se mantendrá
como el país más poderoso económica,
tecnológica y militarmente.

Este país influenciará en tal grado el camino
que tanto los otros estados como el resto de los actores
mundiales decidan seguir, que desempeñará un muy
importante papel en la configuración del mundo.

La emergencia de China e India entre las potencias mundiales
desempeñará también un influyente
protagonismo en la recomposición del panorama
internacional. El tamaño de su población, el
crecimiento económico actual y esperado y su creciente
capacidad militar estarán en la base de dicha importancia.
Con la excepción del de los Estados Unidos, el producto interno
bruto de China excederá el de todos los países
occidentales considerados individualmente, y otro tanto
hará India con respecto de los países europeos.
Además, el mercado interno de los dos gigantes
asiáticos ascenderá a 2 400 millones de personas,
cuyo poder de compra será para entonces substancialmente
mayor que el actual. Lo que no está claro es la forma como
dichos países pudieran utilizar ese poder ni las alianzas
que decidan establecer tanto entre ellos como con otras
economías mundiales.

Brasil podrá sobrepasar económicamente a los
países europeos e Indonesia podría llevar su
economía hasta el nivel de dichos países.

El lugar de la Unión
Europea en el concierto mundial será más
importante que en la actualidad. Sustentará su
posición en el tamaño y unidad de su mercado, la
calidad de su mano de obra, la moneda única y la
estabilidad política, fruto de su enraizada democracia.
Sin embargo, el envejecimiento de la población y la
consecuente contracción de su fuerza de trabajo
tendrán severas consecuencias de orden político,
económico y social en dichas naciones. El recurso a la
inmigración, con todo lo que ello conlleva, según
lo muestran las recientes experiencias vividas ya por algunos de
dichos países, será un expediente que
deberán analizar cuidadosamente. Japón enfrenta un
problema semejante de envejecimiento que influenciará
profundamente el perfil de su economía, así como la
redefinición de su vinculación con sus vecinos y
socios.

De acuerdo con el estudio citado, para el año 2020, la
economía
mundial habrá aumentado en 80% y en 50% el ingreso per
cápita medio. Todos los países saldrán
beneficiados con dicho crecimiento, pero las ganancias mayores
serán para las naciones y grupos que posean y utilicen las
nuevas
tecnologías. En virtud de las ya mencionadas
características de los grandes países
asiáticos, a saber, mercados amplios y de creciente poder
de compra, empresas de clase mundial,
y acceso, creación y utilización de nueva
tecnología, Asia no
sólo se beneficiará significativamente del crecido
producto
mundial sino que se convertirá en importante centro
impulsor de la economía
internacional.

La clave del éxito para beneficiarse del crecimiento
económico mundial, debe destacarse, radica en el esfuerzo
que cada nación realice para educar a su población,
capacitar a su fuerza de trabajo y adquirir o producir el
conocimiento científico y la tecnología necesarios
para sustentar los procesos
productivos internos. Quien no atienda tal lección, se
verá apartado del reparto del producto mundial, con las
consecuentes repercusiones en término de pobreza y
marginación. Andere lo dice con gran
precisión:20

México y los otro cuatro países de
América Latina estudiados enfrentan varios peligros:
corren el riesgo de perder
competitividad, de rezagarse aún más del resto del
mundo competitivo, de quedarse siempre en la antesala, entre los
menos desarrollados y los más industrializados, y, lo que
es peor aún, el riesgo de cruzar el umbral en la dirección equivocada. Con todos estos
obstáculos, nunca dejaremos atrás la pobreza; no la
superaremos. Podremos aliviarla, instrumentar medidas de caridad
para atenderla y aliviar sus signos
más dolorosos, pero si no atendemos las condiciones
básicas de productividad y competitividad, en realidad
estaremos, en el mediano o largo plazo, aumentado la pobreza. Al
perder productividad y competitividad, más personas
engrosarán el número de los pobres. Y seremos
más pobres como país. Quizá no caeremos en
la pobreza extrema, pero sí seremos más
pobres.

La tarea está claramente perfilada: no basta con la
apertura comercial. Si hemos de alcanzar un estadio superior de
desarrollo, que provea de empleos dignos y bien remunerados a la
mayoría de los mexicanos y coadyuve a su desarrollo
humano, México debe comprometerse en una profunda cruzada
educativa, sistemática, de largo plazo, con objetivos y
metas claros, y en un decidido programa de investigación y
desarrollo.

2.2 La demografía mexicana

Las características demográficas futuras de
México determinarán en forma muy importante el
perfil de los planes y programas de desarrollo que diseñe
el Estado mexicano para resolver los desafíos que
presentan tanto los déficit descritos en las
páginas anteriores como las demandas adicionales que
surjan de los cambios demográficos que en los
próximos años sobrevengan en el cuerpo
demográfico del país. Entre esas
características se encuentran el tamaño y la
estructura de la población, el ritmo de crecimiento, la
distribución de la gente en el territorio
nacional y el saldo neto de la migración
internacional.

Un punto de referencia para estimar grosso modo las
magnitudes y naturaleza de tales demandas lo constituyen las
proyecciones de población. Se ha seleccionado aquí
la proyección baja del CONAPO toda vez que este
organismo la considera la más probable en virtud de que
las hipótesis sobre el comportamiento
posible de las variables mortalidad, fecundidad y
migración internacional, que la sustentan, parecen ser las
más factibles.[viii]
21

De acuerdo con este ejercicio, la población total
aumentaría 29 millones entre 2000 y
2050.[ix] La tasa global de
fecundidad alcanzaría su nivel de reemplazo en 2005 y se
estabilizaría en 2030 en un nivel de 1.85 hijos por mujer,
la natalidad se reduciría a la mitad, al pasar de 21.1 a
11.0 nacimientos por cada mil habitantes, la mortalidad
aumentaría y pasaría de 4.5 a 10.4 defunciones al
millar, y la tasa neta de migración internacional
pasaría de -0.39 a -0.23. Consecuentemente, las tasas de
crecimiento natural y total serían, en 2050, 0.06 y -0.17
por ciento, respectivamente. El saldo migratorio neto
sería negativo y se mantendría en niveles
superiores a 300 mil personas, mientras que la esperanza de vida
total llegaría a los 81.3 años, con ganancias
prácticamente iguales para hombres que mujeres, aunque la
de las primeras sería de 83.6 y la de los hombres 79.0.
Hacia el año 2044, por primera vez desde la Revolución
Mexicana, la población total empezaría a
decrecer con respecto de sus niveles del año anterior, al
exceder la suma de las defunciones y la migración neta a
los nacimientos.21

Entre los años 2005 y 2025, los grupos de edad 0-4,
5-11, 12-14, 15-19 y 20-24 que, respectivamente, corresponden a
los niveles educativos inicial, preescolar,
primaria, secundaria, media superior y superior, invariablemente
muestran reducciones importantes, tanto en términos
relativos como absolutos, situación que se mantiene a lo
largo del período de proyección. Esto deberá
disminuir, entre otros conceptos, la demanda de nuevos servicios
en materia educativa, de salud y de alimentación, y
permitirá, de existir, destinar recursos a mejorar dichos
servicios y demandas y atender los rezagos.

Contrariamente, el grupo poblacional de 25 y más
años de edad experimentará un crecimiento muy
significativo: 26.5 millones en los veinte años del
período, y su peso relativo pasará de 49.85% a
63.91%. Se estará ante una población madura, ya que
el índice de dependencia infantil se reducirá al
tiempo que la
población en edad de trabajar alcanzará las
más altas cotas de la historia demográfica
del país. En efecto, dicha tasa de dependencia, que se
estima en 0.49 en el año 2005, disminuirá a 0.32 en
el año 2025, situación que, teóricamente,
debe traducirse en un aumento de la capacidad de ahorro de las
familias, en la medida que el número de menores que
deberán ser sostenidos por un adulto será muy
bajo.[x]

Esto se puede apreciar con más claridad al observar el
grupo de edad 15-59, que engloba a las personas en edad de
trabajar. En 2025, dicho segmento representará 63.82% de
la población total, es decir, que de cada tres mexicanos
casi dos estarán en edad de producir; 79 millones de
personas en números redondos. A tal estado de la
población de un país suele dársele un nombre
pleno de promesas: bono demográfico y ventana de
oportunidad. Se considera que al llegar a dicho estado, una
sociedad tiene un activo muy poderoso para proveer a su
desarrollo, una etapa que sólo se presenta una vez en la
vida de una nación, hasta donde la experiencia
internacional permite
deducir.[xi]

Debe destacarse el comportamiento que mostrará el grupo
de 65 y más años de edad. En sólo veinte
años aumentará en 10 millones, al pasar de 8 a 18
millones entre 2005 y 2025. En consecuencia, el índice de
dependencia de la población envejecida aumentará
significativamente: pasará de 0.07 a 0.14 en dicho
período. En el año 2050, la cifra se elevará
hasta 36 millones y representará 27.7% de la
población total.

Las magnitudes que alcanzarán las poblaciones en edad
de trabajar y de adultos mayores deben mirarse con cuidado. La
del primer grupo ejercerá una presión muy fuerte en
educación media y superior y capacitación para el trabajo, empleos,
vivienda y servicios municipales, para mencionar los más
notables. Por su parte, la población de la tercera edad
demandará servicios médicos, seguridad social y
pagos de retiro y jubilación en una dimensión nunca
vista.

¿Cómo responderá el sistema
político mexicano a tal estado de cosas? Desde luego
que es de dudarse que pueda hacerlo satisfactoriamente mediante
los expedientes puestos en juego hasta
ahora. Los rezagos de todo tipo descritos en la primera
sección proporcionan sustento a esta hipótesis.
Más aún, de sostener el modelo, no es
difícil suponer escenarios donde el desempleo, la
desigualdad de ingresos, la pobreza, la desnutrición, el
abandono masivo y desordenado del campo y el hacinamiento
correspondiente en las ciudades, la presión sobre la
frontera con
Estados Unidos y el apremio para ingresar ilegalmente a ese
país, la violencia en todos sus tipos y el deterioro de
las urbes constituirán imágenes
repetidas, pero en mayores dimensiones, de las vistas hasta
ahora.[xii]

Es evidente que, entre las políticas que deberán
ser puestas en operación para superar dichos escenarios
figuran, de manera destacada, la de inversión en proyectos
productivos altamente generadores de valor agregado y programas
educativos que pongan a la población en posesión de
conocimientos y tecnologías de alta productividad, los
necesarios para obtener y conservar un puesto importante en los
circuitos comerciales mundiales.

2.3 Las debilidades del tejido político, social y
cultural de nuestro país.

Figura, de manera destacada, entre las debilidades que lastran
el progreso de México, el
subdesarrollo[xiii] político
del país. Dicho estado toma cuerpo en diferentes
comportamientos de los agentes -personas e instituciones- que
actúan en la cosa pública.

Uno de ellos es la negativa del Estado mexicano a establecer
la reelección inmediata de personas en puestos de
elección popular. Lema de campaña de Francisco I.
Madero en su lucha por democratizar el país, más
tarde escudo contra la entronización de individuos en los
puestos públicos, el casi centenario lema No
reelección muestra hoy, a la vez, sus fisuras e
inconveniencias.

Fisuras, porque no ha sido óbice para que algunos
profesionales de la política hayan alternado su presencia,
en períodos inmediatos, entre las cámaras de
diputados y la de senadores,22 23 presidencias
municipales y gubernaturas, y aun la presidencia de la
república, en una sujeción a la disposición
normativa que respeta la regla en la forma pero no en el
fondo.

Más graves para el país han sido las
pérdidas que tal práctica le han procurado. Durante
casi un siglo, México se ha visto privado, por ejemplo, de
contar con verdaderos profesionales del quehacer
legislativo.22 Muchos miles de los también
miles de representantes populares que han pasado por las 32
cámaras locales y las dos nacionales sólo ocuparon
una curul o un escaño una vez en su
vida.[xiv] Al no repetir, el
país ha desaprovechado los conocimientos parlamentarios
obtenidos por esos legisladores de una vez, conocimientos cuya
obtención, en su momento, demandó esfuerzo, tiempo
y dinero, ciclo
que ha debido relanzarse cada tres o cada seis años,
según la cámara de que se trate, con las
pérdidas que ello trae consigo, de nuevo en término
de etapas de aprendizaje y todo lo
demás.[xv]

Las precauciones tomadas para evitar la entronización
de personas en los puestos públicos salvaron, aunque
sólo parcialmente, al país de tal fantasma, pero lo
entregaron en manos de otros tan graves como el que
pretendían evadir. Viciaron los procesos de selección
de candidatos y trastocaron las líneas de lealtad.
Designados candidatos para un puesto de elección popular,
no por los electores populares sino por un gran elector,
la primera parte del lema maderista, Sufragio efectivo,
resultó burlado de origen. Los votantes no eligen
candidatos sino legitiman o formalizan con su voto decisiones
tomadas por los varones del poder.
[xvi]

Si el representante popular sabe que no puede repetir en el
puesto, porque hay una restricción formal, y que la
posibilidad de ocupar una posición similar depende de un
gran elector, es explicable que deposite sus lealtades en
los centros de donde irradia el poder.
[xvii] 24

Ambas prácticas -la prohibición de la
reelección inmediata y los antidemocráticos
mecanismos de selección de candidatos- conspiran contra el
interés nacional, de múltiples formas; por ejemplo,
como ha quedado dicho, impidiendo la formación de
verdaderos profesionales de la política, versados mediante
el estudio y la experiencia en alguno de los campos a donde
sólo se puede arribar mediante procesos electorales, y
desvirtuando el sistema de lealtades, que desplaza al
interés popular de la posición de privilegio que le
corresponde por razón natural.
[xviii]

Es claro también que un sistema como el descrito
fomenta y supone complicidades que de muchas maneras atentan
contra la sana marcha de la cosa pública.
¿Cómo concebir, por ejemplo, que un órgano
legislativo realice un examen imparcial, sujeto tan sólo a
las disposiciones establecidas por las normas
pertinentes, de la cuenta pública de un gobernador, cuando
su llegada a la curul obedeció a una decisión
personal de
éste?

Además, muchos asuntos que implican largos
períodos de maduración son tratados descuidadamente
o, de plano, son dejados de lado, porque el corto período
que dura una legislatura no
le permite al representante popular conocerlos a fondo y luchar
por ellos, situación que se complica cuando el personaje
en cuestión dedica su tiempo a obtener del gran
elector el beneficio de una nueva selección para otro
puesto de elección popular. Esa forma de hacer carrera
política es la causa de la obsecuencia hacia el superior
jerárquico, la tan presumida disciplina de la que
algunos políticos hacen motivo de orgullo, y,
consecuentemente, de la falta de independencia
de criterio y de decisión que en momentos en que se
discuten asuntos de gran importancia para el país o la
entidad federativa, si es el caso, resulta tan necesaria. La
reelección de diputados y senadores por electores libres
que no atendieran a más criterio que la rectitud y
responsabilidad del candidato llevaría a
las cámaras a las mujeres y a los hombres más
capaces, revertiría el orden de las lealtades,
contribuiría a formar políticos independientes y
fortalecería el derecho de ser políticos de tiempo
completo de muchos que piensan que en dicha actividad está
su vocación.[xix]

Si bien en los párrafos precedentes se ha hecho
énfasis en diputados y senadores, la argumentación
es válida para los restantes puestos de elección
popular, tales como las presidencias municipales, las
gubernaturas y la misma presidencia de la república. La
geografía
mexicana esta sembrada de proyectos truncos porque quien los
impulsó no dispuso de tiempo para terminarlos, y porque
quien lo sucedió, no quiso concluirlos, tal vez porque no
los entendió o porque no fueron de su invención. La
reelección daría a los servidores
electos por el voto de la población los necesarios
períodos de gobierno para concluirlos.

Las reflexiones anteriores conducen a una conclusión
clara, evidente: La no-reelección es una
práctica premoderna que priva al país de
profesionales de la política verdaderamente capacitados
para la gestión
pública. Es necesario que se establezca la
reelección inmediata en todos los puestos de
elección popular, sin excepción, esto es,
presidencia de la república, gubernaturas, presidencias
municipales, diputaciones y senadurías, y que los
interesados en hacer carrera en la función
gubernativa y representativa consigan permanecer en los puestos
mediante el reconocimiento que de su trabajo hagan, con su voto,
los electores populares.[xx]
[xxi]

Forman también en el rubro del subdesarrollo
político del país el centralismo, el
abandono de las regiones y la debilidad de las haciendas
públicas estatales y municipales. A pesar del discurso
político y del generalizado y creciente clamor por la
descentralización de la función
pública, el centralismo no rinde sus banderas. Sus
expresiones más conspicuas son la orquestación del
presupuesto anual
de ingresos y egresos y la existencia de las delegaciones.
El primero acusa la preponderancia del gobierno federal en la
recolección de los ingresos fiscales y su
asignación, y lo segundo, la resistencia del
poder central a dejar de administrar directamente una gran
cantidad de asuntos. El Plan Nacional de
Desarrollo es muy claro en este punto: 2

El Gobierno Federal desempeña todavía
funciones que
pueden ser directamente asumidas por los gobiernos de entidades
federativas y municipios. La promoción del interés público
muestra ineficiencias derivadas del
hecho de que el país no ha sabido aprovechar
potencialidades de la acción gubernamental, mismas que
podrían capitalizarse mediante una redefinición de
competencias que asignase mayores atribuciones y
responsabilidades a entidades federativas y municipios.
Además, las autoridades gubernamentales de estos espacios
geopolíticos han visto afectados los recursos de que
disponen para potenciar su desarrollo
económico, social y político. La capacidad de
las instancias locales de gobierno para, por sí mismas,
recaudar y generar recursos, se ha limitado desde el
centro.

La toma de
decisiones sobre el destino y aplicación de recursos
está todavía acotada de manera desproporcionada por
los poderes federales. El esquema de equidad en el
acceso de los mexicanos tanto a oportunidades como a niveles de
vida sigue siendo preocupantemente inequitativo y está
profundamente determinado por la simple circunstancia de la
entidad federativa en la que se radica.

En el último lustro se avanzó en la
descentralización de las políticas de
educación, salud, infraestructura social, al tiempo que se
introdujeron cambios en el sistema de transferencias no
condicionadas y se crearon las transferencias condicionadas
vía el Ramo 33. La mayor debilidad de este proceso es que
se trató de una descentralización concebida y
ejecutada desde el centro con escasa participación de
estados y municipios y generalmente se limitó sólo
a la transferencia de recursos, sin tomar en cuenta de
manera suficiente aspectos de adaptación regional o de
aseguramiento del impacto deseado.

Las delegaciones constituyen el disfraz del centralismo. Se
las creó para acercar el gobierno federal a la provincia,
lo que no es en su base otra cosa que dispensar a la gente de la
carga que implicaba trasladarse a la ciudad de México a
realizar trámites sobre asuntos que ocurren en su lugar de
residencia. Si bien es cierto que ello significó un ahorro
para el interesado, también lo es que, con frecuencia,
dichas oficinas se convirtieron en meras ventanillas de
trámites, ya que las decisiones finales, generalmente, se
continúan tomando en la capital del país.

Las delegaciones cuestan a los contribuyentes en pago de
nómina,
renta de inmuebles, compra y mantenimiento
de vehículos y gasto corriente. Además,
formalmente, están substraídas del control de la
autoridad
local. Sus integrantes trabajan en una entidad, pero su centro de
mando está en otra parte. Son fuente de gasto que
debería evitarse, más cuando se sabe que los
gobiernos locales disponen de estructuras
semejantes que tratan de las mismas materias que aquéllas.
La distancia que separa el lugar de la ocurrencia de los hechos
de las autoridades centrales actúa en contra de la
posibilidad de tomar un conocimiento directo de los problemas, del
contexto en que ocurren y de las mejores alternativas de
solución. 26

Por otra parte, como sucede seguido, los delegados y los
funcionarios a sus órdenes no poseen la fuerza de
gestión suficiente para acelerar en las oficinas centrales
el trámite de las cosas. Son también
víctimas del centralismo, ya que deben gestionar las cosas
a través de una única oficina de
partes, desde la que se distribuyen los asuntos en la extensa y
compleja maraña burocrática de la casa principal,
se les da seguimiento y se recaba la solución.

El insumo de tiempo suele ser considerable, con el retraso que
ello conlleva y la consecuente lesión de los intereses de
los afectados. Si bien este esquema de funcionamiento fue en su
tiempo una mejoría con respecto de la situación de
absoluto centralismo anterior, ya no es funcional. En aras de la
eficiencia y la oportunidad, de la racionalidad de la administración
pública, la descentralización debe culminarse.
Las funciones que no tienen verdaderamente que ver con la
naturaleza de un gobierno federal en un régimen
republicano deben ser transferidas a los gobiernos locales.

Esto incluye la desaparición de las delegaciones, cuyos
bienes y personal podrían ser transferidos a dichos
gobiernos. La experiencia en materia de descentralización
de la educación básica, llevada a cabo a partir de
1992, ofrece enseñanzas que podrían ser
útiles para ese propósito.

Un hecho consubstancial del régimen centralizado de
gobierno es la también centralizada planeación
de las acciones. Los
planes y programas se hacen en las oficinas centrales, aunque
para hacerlo se realicen esfuerzos para recabar el punto de vista
de las regiones.[xxii] Aún
cuando se basen en metodologías comunes de
elaboración, se trata de esfuerzos sectorizados,
parcelizados, y si bien en cada caso se hace referencia a sus
vinculaciones con otros programas, lo cierto es que los
vínculos son declarativos, no obligatorios y, por tanto,
no efectivos.

Cada programa tiene su presupuesto, cuyos recursos se gastan
con independencia de lo que ocurre con los recursos de los
demás. Se hacen esfuerzos de coordinación, y aun se forman grupos de
trabajo de concertación de acciones, pero en la
práctica cada sector es una isla, donde sólo se
atiende a su área de competencia.[xxiii]
Los programas se hacen por sectores y así llegan a las
entidades y municipios: en paralelo o como rayos convergentes,
cada uno con sus reglas de operación y demandando una
contraparte para que vehicule las acciones. Esto explica que en
las entidades y municipios se observe una duplicación de
la estructura organizativa del gobierno federal. Sin ellas,
difícilmente los programa federales podrían
funcionar. Y se repite el escenario: en las regiones, los
programas actúan con independencia real, por más
que se formen los órganos de planeación del
desarrollo y los cuerpos de
coordinación.[xxiv]

Esta centralización se extiende a la
recaudación. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público concentra dicha función mayoritariamente.
Concentra y distribuye, aunque esta distribución se
realice con la aprobación del H. Congreso de la
Unión. Desde luego, toda vez que los programas de
desarrollo están en sus manos, el gobierno central reserva
para sí las partidas necesarias para sufragar los costos
de gasto e inversión que les son propios. Esta
práctica limita la disponibilidad de recursos
autónomos de los gobiernos estatales y municipales y los
hace dependientes de las concepciones sobre qué es
prioritario y cómo enfrentarlo del gobierno federal y sus
funcionarios.

Esto va de la mano, quizá como consecuencia de dicho
centralismo o como uno de sus rostros más sobresalientes,
con otra debilidad ancestral de México: el abandono de
algunas de sus regiones. El desarrollo nacional ha tomado cuerpo
en ciertas áreas del país, como los estados
fronterizos con Estados Unidos, en varios puertos y sus
áreas de influencia, y en zonas industriales del occidente
y el centro del país, especialmente, alrededor del
Distrito Federal, pero ha dejado en el abandono relativo a
extensos territorios, sobre todo del sur y el sureste. Es
así que mientras en las poblaciones del primer grupo sus
habitantes disfrutan de las mejores condiciones de vida, a saber,
empleos remunerados, servicios educativos, servicios
médicos, vivienda, seguridad social y oferta de alimentos, la de
las poblaciones del segundo grupo padecen de distintas formas de
exclusión y diversos niveles de marginación, como
ha sido expuesto en una sección anterior.

Resulta paradójico que algunas entidades situadas en
esta segunda categoría proporcionan al país
importantes recursos, como electricidad en
el caso de Chiapas y petróleo
en el de Tabasco. Estas poblaciones no sólo padecen de las
insuficiencias mencionadas, sino que están aisladas. Han
sido marginadas también de los medios de
comunicación y transporte: carecen de sistemas
carreteros y ferrocarrileros que las inserten en los circuitos
económicos modernos, condición necesaria para
atraer inversiones
productivas que hagan rentable la explotación de sus
recursos naturales y den ocupación remunerada a su fuerza
de trabajo.[xxv]

Se inserta también en esta relación de
debilidades de México la insatisfactoria calidad de su
sistema educativo.[xxvi] A pesar
del indudable avance en la expansión del servicio, sobre
todo en el nivel básico, los estándares de calidad
dejan que desear. Las pruebas de
competencia realizadas por organismos internacionales dan cuenta
de ello.[xxvii]

Tal situación adquiere mayor dramatismo cuando se
observa el hecho por regiones: las marcas logradas
por los alumnos de las zonas de mayor desarrollo son superiores a
las alcanzadas por los alumnos de las áreas pobres. No
podría ser de otro modo, toda vez que las escuelas del
primer grupo están mejor servidas en términos de
calidad de los maestros que las atienden, experimentan menor
ausentismo, y disponen de mejores edificios y equipamientos.
Dicha situación se muestra con mayor crudeza cuando se
comparan los resultados de los aprendizajes logrados por alumnos
de distintos tipos de escuelas.

Un estudio reciente del INEE revela que el puntaje obtenido en
lectura en
escuelas primarias privadas excedía ese año en
143.41 puntos al obtenido por escuelas indígenas, cifra
que en matemáticas ascendía a 114.61
puntos. Las diferencias encontradas en secundaria entre planteles
privados y tele secundarias para esas mismas áreas de
aprendizaje fueron, respectivamente, 125.37 y 63.78
puntos.28

Por lo que hace a la demanda de estudios medios y superiores,
se observa un lamentable desdén por las carreras técnicas
cortas y por las llamadas carreras duras, como la física,
la química y
las ingenierías.30 31
[xxviii]Esta deficiencia
obstaculiza seriamente la posibilidad de absorción de
tecnologías productivas de elevada sofisticación,
precisamente aquellas que se requieren para modificar el rostro
de la planta productiva nacional. El credencialismo existente en
la sociedad mexicana, que toma cuerpo en la aspiración
casi universal de obtener un grado universitario, conspira contra
la matrícula en las carreras cortas, y la deficiente
preparación en ciencias
exactas que el alumno recibe en la escuela básica, hace lo
propio para adelgazar la matrícula de las carreras duras.
No cabe pasar por alto la posibilidad de que la anemia del
mercado laboral por esos estudios explique una porción del
problema. Por otro lado, en la estrechez de la producción
de ingenieros está una parte de la explicación del
atraso de la investigación científica del
país, lo cual vendría a agudizar la responsabilidad
que en tal hecho tiene el modesto apoyo que el gobierno mexicano
proporciona al desarrollo de la ciencia y
la tecnología y, en particular, a la
investigación en dichos campos.

La débil formación de ahorro interno,
[xxix]
[xxx] fruto de la desigual
distribución del ingreso, y la falta de una banca privada
comprometida con la producción, constituyen piezas
importantes de las limitaciones que encadenan a México en
el atraso.2 La mayoría de los mexicanos
carece de capacidad de ahorro. La totalidad de sus ingresos son
destinados al consumo y a la formación de un patrimonio,
que frecuentemente adopta la forma de una vivienda o de un
terreno para construirla. No disponen de un excedente monetario
que llevar al banco, ni poseen,
por tanto, una cultura ni una
educación que ubique a los establecimientos bancarios
entre las instituciones importantes de su vida.

Dichas instituciones, por su parte, no han hecho de los
productores parte significativa de su clientela. Han vuelto la
espalda, en especial, al pequeño productor, quizá
por los altos riesgos
implícitos en los proyectos que éstos emprenden y
por sus limitadas posibilidades para ofrecer garantías
prendarias. Han preferido financiar el consumo de las clases de
ingresos medianos y altos vía la creación de un
extendido sistema de tarjetas de
crédito, a cuyo fortalecimiento han contribuido las
más grandes cadenas comerciales del país.
México es una nación de consumidores, más
que de ahorradores y productores.36
37 38

Más grave aún es el estado de las finanzas
públicas. El sistema
tributario nacional presenta diversas deficiencias,
contándose entre las principales las siguientes: elevadas
tasas, base fiscal menor
que la posible y notoria insuficiencia; altos costos, entendidos
como los ingresos que dejan de captarse como resultados de la
porosidad de la legislación y el incumplimiento de la
misma, y fuerte dependencia tanto de los ingresos petroleros como
de fuentes no
recurrentes.

Los recursos públicos son a todas luces insuficientes
para atender los rezagos sociales, en particular los asociados
con la pobreza extrema, las ingentes obligaciones
sociales a cargo del gobierno y los requerimientos de
inversión e infraestructura. El cuadro se complica cuando
se suman a tales hechos los pasivos contingentes, representados
por las pensionesde los trabajadores del estado y los del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
39 40 41
42

En nuestro país, la relación impuestos / PIB
es muy baja si se compara con la existente en otros
países, hecho que establece fuertes limitaciones a la
expansión del gasto
público. En tales circunstancias, se ofrecen tres
posibilidades: aumentar la deuda
pública, reducir el tamaño del gobierno y
aumentar los impuestos. La primera medida no luce atractiva en
virtud de que el monto de la deuda es ya bastante abultada. La
segunda significaría renunciar a compromisos sociales, lo
que produciría mayor pobreza y rezagos y restaría
al Estado mexicano la legitimidad política que ha
justificado su existencia durante casi un siglo. La tercera
opción parece ser la más conveniente, toda vez que,
bien concebida, puede aumentar los recursos públicos y
eliminar las ineficiencias y distorsiones que aquejan al sistema
actualmente, muchas de las cuales tienen que ver con la
elusión y la evasión
fiscal.[xxxi]

Hasta ahora, las limitaciones de orden tributario han sido
compensadas por ingresos contingentes y petroleros. Sin embargo,
tal dependencia es sumamente riesgosa porque se sostiene en una
plataforma muy inestable, cual es los precios internacionales del
petróleo y la eventualidad de fuentes no recurrentes, como
la enajenación de activos.[xxxii]

La corrupción es otra de las debilidades de este
país. Es un problema real, y la gente lo percibe como algo
generalizado, pero que encuentra su expresión más
persistente en la esfera del gobierno y en el comportamiento de
los servidores públicos.43 La
corrupción tiene implicaciones diversas. Conlleva un costo
moral, para
empezar. Crea desconfianza y la desconfianza deteriora el tejido
social.[xxxiii] Pero va mucho
más allá de eso. Se traduce en un costo
económico y constituye un obstáculo severo a los
esfuerzos enderezados a encauzar al país por la senda del
desarrollo.45 En palabras de
Bohórquez:46

En los pasados cuatro años, México ha avanzado
al reconocer que la corrupción es un problema que afecta
la gobernabilidad del Estado o la integridad de sus
policías y órganos de impartición de
justicia. Pero
tan importante como ello es identificar la corrupción como
un problema que va más allá de la moral de
los individuos y que representa un auténtico
obstáculo a la reducción de la pobreza y al
desarrollo económico. Estudios como el Índice de
Opacidad de Pricewaterhouse Coopers estiman que la
corrupción es un impuesto
adicional a la inversión de alrededor de 15%. Otras
investigaciones, como la Encuesta
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, calculan el costo
económico de la corrupción en servicios
públicos en un rango que va de 7 y hasta 30% de los
ingresos de un hogar. Resultados similares se han encontrado al
referirse a la corrupción que enfrenta el sector privado
mexicano.

Existe la creencia entre la población, y aún en
el extranjero, de que la corrupción es cosa casi exclusiva
de un partido político -el Partido Revolucionario
Institucional- y de los gobiernos surgidos de sus filas. No
existe, sin embargo, evidencia que avale tal presunción.
Parece que no hay una correlación directa entre partido en
el poder y honestidad en el
manejo de los asuntos públicos, ni que la democracia, por
sí sola, sea una protección definitiva contra las
conductas deshonestas de los funcionarios
públicos.[xxxiv] La
experiencia reciente de México demuestra que todos los
partidos
políticos son vulnerables a la corrupción.

La inseguridad es otro de los grandes males que aquejan a la
sociedad mexicana.[xxxv] Se trata
de un fenómeno social que aqueja a todos sin distingo.
Adopta todos los rostros imaginables y la padecen por igual ricos
y pobres. Sus fuentes son diversas: desde la lucha por el control
del mercado de las drogas
hasta la desesperación por el hambre propia y de los
hijos. Igualmente variadas son sus manifestaciones. Robos,
asaltos, asesinatos, violaciones, secuestros son, en todos los
rincones de México, cosa cotidiana. La violencia y la
inseguridad crecen día con día, alimentada por
múltiples factores, como bien lo expone el Plan Nacional
de Desarrollo:2

Diversos factores han contribuido a este estado de cosas: una
gran corrupción; corporaciones penetradas por la delincuencia;
inobservancia de la ley; leyes
obsoletas; falta de equidad en la
administración de la justicia; evasión de la
justicia e impunidad; un número de policías por
debajo del estándar internacional y escasa
capacitación de los mismos, así como una mayor
beligerancia y acción de la delincuencia organizada y del
tráfico ilícito de drogas.

El último elemento de esta lista no exhaustiva de
debilidades de México se sitúa en la
planeación. El país no tiene un rumbo claro. Va al
garete. No dispone de faros de largo alcance que le indiquen, sin
lugar a dudas, hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos. Por
eso, se reinventa cada vez. Cada seis años en la
dimensión nacional -y lo correspondiente  sucede en
la dimensión estatal-, se elabora un plan nacional de
desarrollo, que consigna las percepciones y los compromisos de
los nuevos detentadores del poder.

A dicho plan acompañan los correspondientes programas
sectoriales. No es raro que dichos esfuerzos ignoren los trabajos
emprendidos por los que recién dejaron el cargo. En una
especie de borrón y cuenta nueva. Y el ciclo se repite
cada seis años, contra toda lógica
y contra el interés nacional, toda vez que tal
práctica implica desperdicio de recursos
humanos, naturales y financieros.

México debe poner alto a tal dispendio y enrumbarse con
claridad de miras, en el corto, mediano y largo plazos.

3. La ruta del
desarrollo

Para reducir significativamente los grandes rezagos descritos
en las páginas anteriores, México debe proponerse
un plan de desarrollo de largo plazo. Dicho plan debe concebirse
para todo el país, con claras especificaciones temporales
de mediano y corto plazos. En el horizonte más extendido,
el largo plazo, que aquí se sitúa en treinta
años, deben ubicarse, como puntos de llegada, objetivos y
metas generales. Los plazos intermedios de mediano alcance se
sitúan en puntos sexenales -los correspondientes a la
duración de una administración gubernamental federal- y los
de corto plazo, en puntos separados por períodos de tres
años. En dicho eje temporal, se establecerían
objetivos y metas parciales, como aproximaciones al escenario
esperable al final del camino. Los objetivos y metas
cubrirían todas las áreas del quehacer nacional, a
saber y mencionadas en sus grandes rubros: la salud, la
alimentación, el empleo, la vivienda, la protección
del ambiente, el
uso de los recursos naturales, la educación, la seguridad,
la cultura y el ingreso per cápita.

El centro de interés, el pivote en torno al cual
girarían las acciones, sería la población.
Contrariamente a lo que se ha hecho tradicionalmente en este
país, es decir, privilegiar la economía, las
acciones tendrían como referente principal a la gente, a
los grupos humanos y a las personas en su dimensión
concreta. El plan general y los programas específicos que
se emprendieran estarían concebidos en términos de
desarrollo humano. La divisa sería el progreso de la
población. [xxxvi]Por tal
concepto se
entendería un estado y un proceso.

Un estado de la población en la cual sus miembros
contarían con al menos un mínimo de satisfactores
en todos los rubros que hacen el bienestar de la gente,
independientemente de sus condición social, étnica
o cultural. Mínimos de educación, de salud, de
alimentación, de vivienda y servicios asociados, de
ingreso, de seguridad social y de seguridad pública. El
aparato productivo y las estructuras de gobierno estarían
al servicio de tales aspiraciones.

Y un proceso, ya que un tal estado se alcanzaría paso a
paso, tras un accionar que acumulara logros que dibujarían
una sucesión de escalamientos constantes donde las
transformaciones cuantitativas irían de la mano con las
cualitativas, y viceversa.

Mientras no se privilegie de manera decidida a la
población y el éxito de la administración pública se
continúe midiendo en términos
macroeconómicos, no se obtendrá la tan deseada
transformación cualitativa que substraiga a los mexicanos
pobres del estado de marginación y atraso en que viven. El
objetivo de
una gestión de gobierno no debe ser alcanzar per se
una meta de crecimiento determinada, sino lograrla como un medio
para proporcionar a la población los satisfactores que
requiere. Esto significa también que la composición
de la tasa de crecimiento no es un asunto neutro: será
mejor aquella que se traduzca en mayores niveles de empleo y
propicie la más equitativa distribución del ingreso
nacional.

4.
Condiciones

El desarrollo del país es un asunto de Estado.
Requiere, por tanto, de una política de Estado. Lo que en
dicha materia se haga o se deje de hacer repercutirá en el
cuerpo total del país. No es, por lo tanto, un asunto
menor. Por eso es importante considerar lo mismo el qué
hacer que las opciones alternativas de acción que se
pueden poner en operación. Por tal razón, la
planeación del desarrollo nacional de largo plazo y su
evaluación debe hacerse en el espacio
político que mejor representa y expresa el sentir de la
nación: El Congreso de la
Unión.[xxxvii] Esto tiene
cabal sentido ya que la cámara de diputados en su conjunto
representa a todos los mexicanos mientras que la de senadores
hace lo correspondiente con las entidades federativas.

El plan de desarrollo nacional elaborado por el congreso
sería referente obligado para los planes sexenales y
trianuales elaborados, según el caso, por el poder
ejecutivo federal, los gobiernos estatales y los municipales,
en dos sentidos cuando menos: proporcionaría los marcos
generales de cosas a lograr y sería punto de
comparación para evaluar los resultados. El plan nacional
serviría también para estimar la naturaleza y
magnitud de los cambios que habría que hacer a los
segundos para que contribuyeran a alcanzar los objetivos y las
metas de gran aliento.

El congreso tendría, a su vez, mediante los trabajos
regulares de evaluación, elementos para decidir sobre la
asignación de recursos para cada una de las secciones del
plan. No está por demás decir que dichas
evaluaciones ayudarían a la corrección de las
previsiones en las expectativas de largo plazo. Habría una
retroalimentación recíproca.

Para que el congreso pudiera realizar tarea tan importante,
monumental y compleja, requeriría de un aparato
técnico de primer nivel, formado por especialistas en
distintas disciplinas que estarían de tiempo completo al
servicio de dicho órgano legislativo. Sería
necesario también que los legisladores lo fueran de
carrera, es decir, que pudieran especializarse como tales
mediante la permanencia en el puesto más allá del
límite de una legislatura. Y para que tal cosa sea
posible, debe establecerse en México la reelección
inmediata. Dicha medida debe abarcar, como quedó dicho en
una sección anterior, a la presidencia de la
república, a las gubernaturas de las entidades federativas
y a las presidencias municipales. Un buen desempeño en el
cargo sería el criterio que regiría la posibilidad
de repetir. El voto popular libre e informado sería el
mejor antídoto contra los temores a la
entronización de los incapaces, los simuladores y los
prevaricadores.[xxxviii]

La perspectiva de la planeación, hasta ahora
fundamentalmente sectorial y del centro a la periferia, debe, por
el contrario, hacer énfasis en un enfoque regional.
Sólo de esa manera pueden recogerse las particularidades
locales, sólo así se puede dar respuesta a la
compleja e intrincada malla de heterogeneidades que caracterizan
a este país. México ha intentado este camino, pero
los experimentos
emprendidos han sido ínsulas en el mar de la
centralización o esfuerzos para atacar problemas
localizados. Debe convertirse en la norma. A partir de esa
experiencia acumulada.

Se considera también que cada región deber ser
artífice de su propio desarrollo, lo cual debe lograr con
base en su particular dotación de medios productivos,
entre los que cuentan, en primer término, su capital
humano, así como los recursos naturales, la
infraestructura de comunicaciones
y transportes, el equipamiento de sus
asentamientos,[xxxix] y lo que
globalmente puede denominarse como el tejido social, a saber, sus
sistemas de valores, formas de
gobierno y mecanismos de toma de decisiones, a lo que debe
sumarse la ayuda del exterior, especialmente la procedente del
gobierno central.

En los años por venir, lo local será de
importancia crucial. En el competitivo escenario mundial, se
presta ya creciente interés al valor estratégico de
las ciudades y las regiones que las acogen como factores de
desarrollo, como lo expresa el siguiente párrafo:

…los espacios urbanos y las regiones económicas
se han convertido en un elemento clave. Las regiones y ciudades
más competitivas son las que enfrentan en forma efectiva
el reto de internacionalizarse, porque aprovechan mejor su
ventaja en cuanto a crecimiento, empleo, organización institucional,
tecnología, conocimiento e información. Las
economías de integración, la capacidad de los recursos
humanos, el desarrollo de las telecomunicaciones y niveles adecuados de
infraestructura, así como la ubicación
geoestratégica y otros aspectos como la normatividad
existente y la estabilidad política y social de una
ciudad, región o país, son cada vez más
valorados como los factores centrales que definen la
competitividad de un lugar respecto a otro.48

Las vértebras articuladoras de las acciones
públicas y privadas pueden ser los sistemas de
ciudades,49 esto es, el conjunto de todas las
redes regionales
concretas de asentamientos urbanos principales, ciudades
pequeñas y poblados de distintos tamaños que
constituyen su tejido vascular y determinan los límites de
su extensión y área de
influencia.[xl]

En ese contexto, habría tantos planes de desarrollo
regional como sistemas de asentamientos existan en el
país, cada uno con su propio órgano de
administración, como si fueran
empresas.[xli] Cada plan regional
tendría un consejo, como en un consorcio industrial,
formado por gente de gobierno, de la sociedad civil, de las
universidades y de los sectores económicos más
representativos de la región, cuya responsabilidad
sería conocer el estado de la zona y tomar las grandes
decisiones, de cuya instrumentación se encargarían los
cuerpos técnicos adscritos a la empresa.

Dichos cuerpos técnicos estarían formados por el
personal de los gobiernos estatales, municipales y federal
existente y los recursos de operación estarían
constituidos por los que los tres niveles de gobierno utilizan
hasta ahora en forma tan dispersa. Desde luego que no puede
soslayarse la resistencia que este planteamiento tendría
de gobernadores y presidentes municipales porque creerían
disminuida su fuerza política en la medida que
dejarían de decidir directamente sobre la
utilización de los fondos públicos.

Tal esquema de administración de los recursos
públicos y de toma de decisiones estaría precedido,
por necesidad, de una drástica descentralización de
la administración pública federal a favor de los
municipios y las entidades federativas. Una
descentralización que involucraría facultades y
recursos financieros, humanos y materiales. Un paso firme hacia
el federalismo
plasmado en la constitución, pero, hasta ahora, tan lejano
de la realidad.

Las magnitudes de los recursos financieros necesarios para
satisfacer los rezagos y las nuevas demandas sociales que
surgirán del cambio demográfico esperado,
así como las que emergerán de una población
cualitativamente distinta, son de tal envergadura que será
imposible atenderlas con los que puede proporcionar el actual
sistema tributario nacional.

Sus limitaciones son tantas que lo hacen incapaz de proveer a
tales necesidades. Su modernización es
indispensable,26 en un sentido básico:
convertirse en un aparato capaz de lograr que todos lo que deban
pagar impuestos lo hagan y que lo hagan en proporción
directa de la cuantía de sus ingresos. Ningún plan
de desarrollo logrará sus intenciones si no cuenta con un
sistema tributario eficiente y suficiente.

La convocatoria a una reforma fiscal que aumente los ingresos
del gobierno, reduzca significativamente la elusión y la
evasión, reduzca el costo del esfuerzo recaudatorio y
aumente su productividad, elimine los regímenes
preferenciales, agilice la captación, amplíe la
base tributaria y redistribuya entre los causantes la carga
impositiva y la haga menos onerosa es una voz que se repite
frecuentemente en distintos foros y en diversas formas. Para los
integrantes del Citado Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, por ejemplo, tal reforma constituye una
parte fundamental del proyecto de
nación que queremos, y su omisión, el principal
limitante del desarrollo nacional, más aún que lo
que pudieran significar para ese intento las postergaciones de
las reformas energética y laboral,42
mientras que Guerra ve en
ella "la madre de las reformas" y en su posposición,
severas consecuencias económicas y sociales, tanto en
términos de bienestar interno como de competitividad a
nivel internacional.40

Otro tanto debe lograrse con el sistema
financiero. Su modernización debe ponerlo a tono con
las necesidades del país. Los bancos deben
ganar en eficiencia para que abatan sus costos y trascender su
papel de financieros de tarjetas de crédito y del consumo
para asumir su importantísima función de proveedores de
crédito para la inversión productiva, especialmente
de pequeños y medianos empresarios que no tienen la
opción de beneficiarse del crédito bancario
internacional como sí la poseen las grandes empresas
nacionales y transnacionales que operan en el país.

Desde luego, nivelar el punto de partida constituye una medida
indispensable. Esto significa que debe continuarse, pero en una
escala mayor, el
esfuerzo iniciado varias décadas atrás enderezado a
superar los niveles de pobreza en que sobreviven millones de
mexicanos. Es de justicia y una necesidad del desarrollo que cada
habitante del país cuente con una plataforma mínima
de despegue para que pueda conseguir engancharse, con su
esfuerzo, en el carro del progreso nacional. Los fondos
compensatorios operados en los años recientes para
procurar tal nivelación constituyen una experiencia
rescatable. Como ha quedado expuesto en páginas
anteriores, los planos de dicha nivelación son varios y
diversos -aunque todos tienen como expresión y base
común la pobreza -, pero hay uno que sobresale por su
poder multiplicador: la educación.